dimecres, 30 de maig de 2018

‘La Cifra Negra’: un documental sobre violencia institucional

·‘La cifra negra’, documental ganador del Premio del Público al mejor largometraje en el 16º edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, está enfrentando problemas para distribuirse.

 ·La cinta, dirigida por Ales Payá, denuncia los casos de tortura institucional



Miquel Ramos - La Marea - 04 mayo 2018 

El 27 de enero de 2013, una joven que volvía de una discoteca en Córdoba fue abordada por varios policías de paisano. Buscaban a los responsables de varios robos por la zona, de los que, casualmente, ella había sido también víctima. No llevaba la documentación encima porque se la acababan de robar. Fue esposada e introducida en el coche patrulla. Entre risas, los agentes condujeron de forma temeraria dando tumbos para que la detenida se golpeara contra la mampara de cristal del vehículo. Se rompió la nariz y sangraba gravemente, pero no quisieron llevarla a un hospital. “Hija de puta, no te quejes más, que te vas a quedar encerrada en el calabozo”,  denuncia que le dijeron. Al salir, fue ella misma quien llamó a una ambulancia.  Su caso fue denunciado ante el Comité Contra la Tortura de la ONU después de que la Fiscalía lo rechazara. El Ministerio de Justicia español contestó a la ONU que “no había pruebas”, a pesar de los testimonios de la víctima y los partes médicos. 
Este caso, junto a miles más, podrían convertir el documental La Cifra Negra en una serie de televisión de varias temporadas. El filme lleva meses girando por salas de todo el Estado, a pesar de haber sido vetado en muchas otras con diferentes excusas, pues muestra una incómoda realidad de la que poco se sabe o se quiere saber. Entre varias historias conocidas, como la del director del diario vasco Berria, Martxelo Otamendi, o los abusos contra las personas que tratan de saltar la valla de Melilla, hay múltiples historias desconocidas: muertes en centros de menores, violaciones, palizas interminables o humillaciones de todo tipoLa Cifra Negra nos muestra algunas de las que ocurren en los CIEs, en comisarías, en las prisiones, en manifestaciones o en plena calle, con una crudeza que pone la piel de gallina. Sobre todo pensar que alguien pueda disfrutar haciendo daño a otra persona. Sobre todo cuando el perpetrador se supone que vela por nuestros derechos y le pagamos todas y todos por ello. Y más cuando en contadas ocasiones, estos abusos acaban en condena o, al menos, en juicio. 
El documental dirigido por el joven eldense Ales Payá, utiliza la dramatización de algunos casos con conocidos actores, y cuenta también con la participación de varios expertos en derechos humanos. También jueces, abogados y un representante del Sindicato Unificado de Policía (SUP) dan su opinión sobre un fenómeno demasiado desconocido, pero preocupantemente habitual e impregnado de impunidad. Enfrentarse de nuevo al torturador, aunque sea ante un juez, explica el miedo de muchas víctimas a denunciar, sumado a las escasas condenas por este tipo de abusos. 
Sobre el título, Payá explica de donde viene la idea: “La cifra negra es un término que se utiliza en criminología para referirse a los delitos que no se pueden cuantificar porque no han sido denunciados ni hay datos oficiales. En este caso nos referimos a la cifra negra de la violencia institucional. Lo que hemos retratado y los que han recogido las organizaciones a las que hemos consultado son solo la punta del iceberg”. 
La mayoría de los casos que expone el documental han sido recogidos en el registro de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, una plataforma que trata de denunciar y visibilizar estas prácticas en España. Esta coordinadora se puso en marcha en noviembre de 2004, y desde entonces lleva exigiendo al Estado herramientas eficaces para prevenir estas prácticas, tratando de movilizar a la sociedad civil y concienciar a la opinión pública documentando y denunciando todos los casos que recogen. 
Para su portavoz, Jorge del Cura, el documental La Cifra Negra es muy necesario porque permite visualizar casos concretos. “No es lo mismo ver y oír a las víctimas que un informe frío”. Además, este trabajo es uno de los que por primera vez abarca varios ámbitos y circunstancias donde se producen estos casos. El director de la cinta explica la clasificación por contextos que retrata el documental: prisiones, centros de menores, movimientos migratorios (fronteras y CIEs), aplicación de la ley antiterrorista en el período de incomunicación, movilizaciones sociales y otros contextos que no se puede etiquetar, “mayoritariamente casos que ocurren en una diligencia policial rutinaria que acaba derivando en vulneración de los derechos humanos”.
Tras las múltiples condenas y advertencias de los organismos internacionales a España por no actuar ante estos graves hechos, Jorge del Cura insiste en que “debe ser la sociedad civil la que se movilice y obligue al Estado a cumplir las normas nacionales e internacionales. Denunciar y visibilizar los casos y las complicidades para que la sociedad tome conciencia y obligue a las instituciones, aunque los estados siempre van a tratar de evitarlo”.
Tortura y democracia 
“Democracia y tortura no son incompatibles. La cuestión es que el Estado demócrata los debería investigar, prevenir y sancionar, pero ningún Estado lo hace porque siguen creyendo que es una práctica útil para el control social”, explica Jorge del Cura. No solo esto, sino que estas prácticas son aprobadas por gran parte de la ciudadanía “para  proteger a la población”, tal y como reflejó Amnistía Internacional en una encuesta realizada en 2014. En España, concretamente, un 17% de los encuestados así lo considera. En Estados Unidos, este porcentaje alcanza el 45%. De hecho, recuerda del Cura, “las democracias son innovadoras en técnicas de tortura”. 

En 2015, Comité Contra la Tortura de la ONU, se mostró “seriamente preocupado ante informaciones según las cuales las autoridades españolas no investigan de forma pronta, eficaz, imparcial y completa las denuncias de actos de tortura y malos tratos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluidas las denuncias de actos presuntamente cometidos durante el régimen de incomunicación y en los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.” 
Pero el Estado español parece impermeable al goteo de llamadas de atención de organismos internacionales y a las múltiples condenas. El Comité, además, advierte de que las autoridades realizarían “pocos esfuerzos para enjuiciar a los presuntos culpables”, y que dichas prácticas contribuyen a crear “una cultura de impunidad entre las fuerzas del orden”. 
¿Qué hacer entonces? “Hay que obligar a los estados, para que su coste sea mayor que los beneficios que puedan aportar estas prácticas”. Por esto, tanto del Cura como Payá remarcan la idoneidad de este documental. Según Payá, la gente está llenando las salas para verlo, pero también se han encontrado con las puertas cerradas en algunas filmotecas. Aunque no se especifique el motivo, el director sospecha que el contenido del documental incomoda. Las salas donde no se ha aceptado proyectar el documental son el Centro Galego de Artes e Imaxe de La Coruña, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), el Centro Cultural La Alcazaba de Mérida, la Filmoteca Nacional en Madrid, “y esperando respuesta de otros centros que llevan meses sin ni si quiera contestar al teléfono”, afirma Payá. 

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