"Para diversos analistas, las acciones armadas de los grupos de extrema derecha plantean una amenaza ya superior para la seguridad de Europa y EEUU que la del terrorismo yihadista".
Ayer se cumplieron ocho años de la matanza de Utoya, la cacería de adolescentes perpetrada por el ultraderechista noruego Anders Breivik que se cobró la vida de 69 jóvenes en un campamento de verano del partido laborista noruego. El terrorista había asesinado horas antes a ocho personas en un atentado con explosivos en Oslo, y mientras las fuerzas de seguridad se centraban en este hecho, aprovechó para cometer la masacre en la isla, disfrazado de policía y fuertemente armado. El pasado viernes se estrenó el segundo filme sobre ello, Utoya 22 de julio, de Erik Poppe, que relata lo sucedido a través de los ojos de una de las supervivientes. Dos años atrás, Paul Greengrass lo retrató en otro a través de la mirada del asesino.
Desde entonces, las acciones armadas de los grupos de extrema derecha se han incrementado notablemente, y plantean una amenaza considerada por diversos analistas ya superior para la seguridad de Europa y Estados Unidos mayor que la del terrorismo yihadista.
Casos recientes de ataques terroristas ultraderechistas como el atentado de Christchurch (Nueva Zelanda), que acabó con la vida de 51 personas en una mezquita, en Pittsburgh (Estados Unidos) –11 muertos en un ataque a una sinagoga– o el de Charlestone (Estados Unidos) contra una iglesia afroamericana, que dejó 9 muertos, invitan al debate sobre la idea de terrorismo que existe en Occidente. La Liga Antidifamación (ADL) y el FBI coinciden en apuntar a la creciente amenaza del terrorismo ultraderechista en los Estados Unidos basándose en los datos: el 70% de las víctimas de ataques terroristas en EEUU han sido por los atentados de la extrema derecha. Y reconocen que han menospreciado esta amenaza durante años.
«Cuando las medidas para prevenir y contrarrestar el extremismo violento y la radicalización que conducen al terrorismo se basan en perfiles vagos y se centran en los supuestos de que ciertos grupos étnicos o religiosos son particularmente propensos a la radicalización terrorista, se refuerzan los estereotipos y pueden conducir a la discriminación contra varios colectivos, pero bien puede no abordar la fuente más urgente de amenazas terroristas», explica a La Marea Katya Andrusz, portavoz de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). «Entonces, si las estrategias para prevenir el extremismo violento solo se centran en el terrorismo en nombre de la religión, por ejemplo, es posible que no aborden los riesgos reales a los que nos enfrentamos actualmente desde otras direcciones, como el extremismo violento de extrema derecha”, añade.
Hace una semana, la Policía italiana detuvo en Turín a tres activistas neonazis que poseían un arsenal de armas, incluido un misil del Ejército de Qatar. Fue la segunda operación policial contra grupos neonazis en pocos días en el norte de Italia, tras la incautación de otro arsenal al líder de Legio Subalpina, relacionado con ultras de la Juventus.
Ambos casos recientes no son ninguna anécdota. Este mismo año, la Policía alemana desarticulaba Revolution Chemnitz, que ya tenía una lista de objetivos para abatir y que preparaba varios atentados, algunos de los cuales pretendían disfrazarlos como obra de la izquierda radical. Al mismo tiempo, el asesinato del político conservador Walter Lübcke, favorable a la acogida de personas refugiadas, volvía a poner sobre la mesa la amenaza del terrorismo neonazi en un país que todavía tiene muchas preguntas sobre el recién juzgado NSU, el grupo terrorista neonazi que asesinó a una decena de personas y que, a pesar de estar investigado por los servicios secretos durante 14 años, no se les tuvo en cuenta nunca en relación con estos ataques.
Una concentración de neonazis por las calles de Berlín.
Mientras la extrema derecha obtiene cada vez mejores resultados electorales en Europa y más allá y sus discursos de odio están cada vez más presentes en la vida política, en las redes sociales y en la mayoría de medios de comunicación, la proliferación de acciones violentas con el sello neofascista se ha incrementado. Muchos analistas llevan años advirtiendo sobre la creciente amenaza del terrorismo de extrema derecha en Occidente, aunque en pocas ocasiones son considerados ni como terroristas ni como una amenaza real. De hecho, a menudo se les atribuyen problemas de adaptación o enfermedades mentales, algo que no se esgrime cuando el terrorista es un yihadista.
Uno de los argumentos habituales de la extrema derecha contra las personas migrantes y refugiadas es la sospecha de que entre este colectivo puede haber terroristas. La relación entre inmigración y terrorismo existe, pero no de la manera en la que la presenta la ultraderecha. El doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, Richard J. McAlexander, publicó el pasado mayo un estudio donde explicaba esta relación: a más inmigración, más terrorismo. Pero de ultraderecha: “De 2008 a 2015, según la Global Terrorism Database (base de datos mundial sobre terrorismo), hubo 86 ataques terroristas en Alemania. Al profundizar en cada uno de estos ataques, encuentro que 60 de ellos podrían describirse razonablemente como terrorismo de derecha. Es más probable que estos ataques estén presentes en áreas donde una mayor proporción de la población es nacida en el extranjero. Muchos de estos ataques fueron dirigidos contra inmigrantes o contra viviendas públicas dedicadas a solicitantes de asilo. El asesinato de Lübcke está en consonancia con este amplio patrón”.
El asesinato de la diputada laborista británica destacada por su defensa de las personas migrantes, Jo Cox, en 2016 a manos de un ultraderechista llevó a las autoridades a ilegalizar con la ley antiterrorista al neonazi National Action, que celebró el crimen en sus redes sociales. Un año antes, un miembro de este grupo atacó con un machete a un ciudadano de piel oscura y de religión sij en un supermercado, siendo condenado por intento de asesinato. Meses después, otro miembro sería arrestado por fabricar explosivos. Después de la ilegalización de National Action, las autoridades detectaron e ilegalizaron también otras dos organizaciones neonazis que seguían los mismos pasos: Scotish Dawn y NS131. Tanto en el Reino Unido como en Alemania, no hay ninguna duda a la hora de juzgar con la ley antiterrorista a estos grupos.
El terrorismo neonazi en España desde la Transición
En España, sin embargo, pese a haberse detenido a diversos activistas de extrema derecha fuertemente armados o haberse desarticulado varios grupos que poseían armas, nunca se les ha aplicado la ley antiterrorista. Este mismo año, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 44 años en la localidad valenciana de Alfarrasí por llamar en sus redes sociales a atacar a personas musulmanas y migrantes. Los agentes descubrieron en su casa más de 100 armas y abundante munición. Pocos meses antes, los Mossos d’Esquadra detenían en Terrassa a un ultraderechista de 63 años tras descubrir que pretendía asesinar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este “lobo solitario” poseía un fusil de asalto Cetme, cuatro rifles de alta precisión, un subfusil de asalto tipo Skorpion, y otras 16 armas de fuego. La fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó reclamar ambas investigaciones y tratar estos casos como terrorismo.
No era la primera vez que en España se arrestaba a uno o varios militantes ultraderechistas con armas. Ni tampoco la única que se libra de la etiqueta de terrorista. El caso más sonado fue la Operación Panzer, dirigida por la Guardia Civil en 2005, que permitió desarticular el Frente Antisistema (FAS) en València, y que se saldó con la detención de más de una veintena de activistas neonazis, entre los que se encontraban tres militares, un concejal de España2000, un aspirante a Guardia Civil y el asesino confeso de Guillem Agulló, un joven antifascista de 18 años asesinado en 1993. Tras meses de escuchas y monitorización de sus actividades y páginas web, la Guardia Civil detectó que el grupo se dedicaba a la venta de armas y a organizar cacerías contra migrantes y antifascistas, según publicaron en su nota de prensa. Las detenciones se precipitaron tras percatarse de que había filtraciones por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que alertaron a los neonazis de que estaban siendo vigilados, y por el temor a que perpetraran alguna acción violenta.
El juicio tardó diez años en celebrarse, y empezó ya con mal pie. La Guardia Civil había destruido “por error” parte del arsenal incautado, que era prueba en el proceso. Finalmente, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia decidió absolver a los neonazis al considerar que las escuchas telefónicas no estaban suficientemente motivadas, a pesar de haber sido avaladas por la jueza instructora del caso, declarando «la nulidad de todos los elementos de prueba derivados directa o indirectamente de ellas, viciadas de inconstitucionalidad». Desestimó también las pruebas que demostraban la venta de armas prohibidas en Internet: «Son muchas las páginas webs que venden armas prohibidas, que en Internet se ofrezcan puños americanos, porras, porras eléctricas, navajas automáticas, navajas de mariposa, espray de defensa personal y grilletes, es algo sabido. No se puede afirmar la existencia de delito en lo que es práctica o realidad absoluta en la red». El mismo juez ya había absuelto a los supuestos miembros de otra banda neonazi en Valencia en 2005, la Hermandad Nacional Socialista Armagedón, acusados del incendio de varias sedes de partidos políticos.
La absolución fue ratificada por el Tribunal Supremo tras el recurso de la Fiscalía y de la acusación popular, formada por organizaciones y partidos de izquierdas, a las que se les impuso la condena en costas, que sumaba más de 40.000€. Además, el Estado tuvo que indemnizar a uno de los neonazis por haber destruido sus armas.
En 2015, la Audiencia Nacional condenaría a los miembros del grupo fascista Falange Y Tradición a entre un año y medio y dos años de prisión por destruir varios símbolos antifranquistas y amenazar de muerte a varios cargos públicos, pero los absolvió de asociación ilícita y de terrorismo, a pesar de los numerosos indicios de las intenciones de armarse, reflejados en la investigación. Entre los acusados había un militar. El ponente de la sentencia fue el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El principal acusado, José Ignacio Irusta, sería detenido de nuevo en 2018 por varios delitos de odio en las redes y por tenencia ilícita de armas, encontrándose en posesión de varios fusiles y una pistola.
Los grupos de extrema derecha no han cometido ningún gran atentado recientemente en España que haya sacudido la opinión pública. Sí que han asesinado a diversas personas por su ideología, por su color de piel, por su confesión religiosa o por su orientación sexual, como se registra y documenta en la web crimenesdeodio.info, y sí que han realizado atentados con explosivos en numerosas ocasiones, pero nunca se ha hablado de terrorismo neonazi o ultraderechista desde la Transición. La amenaza, no obstante, existe, más allá de agresiones a colectivos de migrantes, LGTBI o a militantes antifascistas.
